El matonismo del Gobierno contra Ferrovial refuerza su decisión de trasladar la sede fuera de España

La reacción furiosa del Gobierno contra Ferrovial, que ha decidido trasladar su sede de España a los Países Bajos, ha conseguido el efecto contrario al deseado: reforzar su posición de abandonar el país. Fuentes de los mercados consultadas por OKDIARIO consideran que la respuesta del Ejecutivo es propia del «más puro matonismo», y están realmente sorprendidos de que haya sido la vicepresidenta Calviño -considerada hasta hace poco como una cierta garantía para las empresas- la que haya liderado los ataques a la multinacional española. Primero diciendo que era una decisión absolutamente equivocada, después sugiriendo que era antipatriótica -«Ferrovial se lo debe todo a España»-, más tarde amenazando a la compañía con una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dilucidar si los argumentos aportados por la empresa de  Rafael del Pino para motivar el cambio de sede responden a la realidad, y finalmente amenazando a la compañía con restringir con ella la contratación de obra pública.

Todas estás acusaciones están fuera de lugar porque las leyes de la Unión Europea consagran la libertad de establecimiento y además prohíben la toma de represalias por parte de los Gobiernos contra una empresa que, a pesar de haber cambiado de residencia, siga operando en el país de origen, ya que conserva el mismo derecho que las demás a participar de los concursos públicos.

Los inversores en general están sorprendidos por este suceso histórico, pero lo justifican por razones eminentemente prácticas: lograr una fiscalidad más favorable, sobre todo para el reparto de dividendos, y acceder desde Amsterdam con mayor facilidad a cotizar en Wall Stret, la Bolsa de Nueva York a la que están emigrando cada vez más compañías europeas -muchas de ellas británicas- en busca de un mercado profundo y con un acceso más franco a la financiación -dado el número de inversores y la abundancia de liquidez-. Esta es una tendencia que se está acelerando en los últimos tiempos en los que, entre otras cosas debido al Brexit, incluso la City de Londres está perdiendo progresivamente atractivo.

En todo caso, los mercados creen  que si Pedro Sánchez consigue formar Gobierno después de las próximas elecciones generales de diciembre habrá muchos más casos de grandes empresas que decidan recorrer el camino de Ferrovial y cambiar su sede de España. De hecho, los inversores dan por hecho mayoritariamente que a finales de año habrá un cambio político en el país, de acuerdo con los sondeos recurrentes, que estiman casi por unanimidad que el Partido Popular podría alcanzar la mayoría absoluta con el apoyo de Vox. Algunos medios consultados por OKDIARIO argumentan que si, como parece, la iniciativa de Ferrovial estaba siendo preparada desde hace tiempo «mejor hacerla con este Gobierno antiempresarial que no con un PP recién llegado al poder, de manera que las circunstancias políticas podrían haber acelerado sus planes».

Los ataques del Gobierno contra Ferrovial y su presidente Rafael del Pino se han mantenido a lo largo de toda la semana, desde que se conoció la decisión. Y en ellos ha participado en primera persona el presidente Sánchez, que ha arremetido en varias ocasiones contra Del Pino aduciendo que «quiere evitar el impuesto sobre las grandes fortunas» o tachándolo de ser un «antipatriota más preocupado de su patrimonio» que del bien común de la nación. Y esto a pesar de que Del Pino ha asegurado que no tiene pensado cambiar su residencia fiscal de España y que, por tanto, va a seguir pagando los impuestos aquí.

En general, las relaciones entre el Gobierno y los empresarios son absolutamente convulsas desde hace más de un año, cuando el Ejecutivo decidió establecer tres nuevos impuestos sobre los beneficios supuestamente extraordinarios de la banca y de las compañías eléctricas, así como sobre las llamadas grandes fortunas -este último con la intención declarada de contrarrestar la desfiscalización del patrimonio aprobado por aquellas autonomías como Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León  donde gobierna el Partido Popular y siguiendo los pasos de la Comunidad de Madrid, que tiene bonificado este tributo desde hace años-.

La inquina del Gobierno contra los empresarios ha llevado al presidente Sánchez a exponerlos en la plaza pública citándolos nominalmente como poco solidarios desde el momento en que se opusieron a los nuevos impuestos y anunciaron la presentación de recursos contra los tributos de nueva generación. Entre los señalados por su nombre se encuentra Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. «Si se quejan es que estamos acertando», aseguró Sánchez en su momento.

Pero en el caso de Ferrovial y de Rafael del Pino se han rebasado todos los límites, seguro que «porque la decisión adoptada por la multinacional tiene una enorme trascendencia», apuntan los medios consultados por OKDIARIO. «Lanza una señal muy negativa a Europa sobre la alta fiscalidad y la falta de seguridad jurídica de España y destroza toda la estrategia emprendida por Sánchez para aprovechar la próxima presidencia de la UE. A los mercados esto les importa un bledo, en cambio el traslado de residencia fiscal de una compañía como Ferrovial es un signo del deterioro de las condiciones de habitabilidad económica de un país, un anuncio muy negativo para la eventual atracción de inversiones y de capitales del exterior que tanto necesita España».